Fin de la suspensión de plazos y términos procesales y administrativos

Buenos días. El pasado sábado 23 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se aprobaba una nueva prórroga del Estado de Alarma que fue decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Esta nueva prórroga alcanzaría hasta el próximo día 7 de junio de 2020, y aunque mantiene en esencia el conjunto de las medidas adoptadas por el RD 463/2020, sin embargo incluye en su articulado una muy buena noticia para la ciudadanía en general, y para los operadores juridícos en particular: la derogación de las Disposiciones Adicionales 2ª, 3ª y 4ª del Real Decreto 463/2020, que se traduce en el comienzo del «desconfinamiento» de la Justicia.

Situación actual. Suspensión de la actividad judicial y administrativa.

En efecto, desde hace varias semanas venimos observando cómo se está produciendo el levantamiento de las medidas de restricción y confinamiento que se adoptaron por el RD 463/2020. Bien es cierto que ha sido acogido con alegría que se haya ido «permitiendo» que la ciudadanía pueda volver a «tomar las calles», reabriendo terrazas y espacios públicos para el esparcimientos y actividades lúdicas y recreativas.

Pero ha seguido siendo una incógnita el «amordazamiento» del sistema judicial, y por ende, la «indefensión» de la ciudadanía que ha visto como todos sus mecanismos de defensa y ejercicio de acciones legales se vio abruptamente interrumpido, y sin visos de reanudación.

El 28 de abril se dictó el Real Decreto Ley 16/2020 que establecía las medidas para el «relanzamiento» de la actividad procesal, y regulaba unos mecanismos, no exentos de polémica, para hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad post-confinamiento.

A partir de aquí los Tribunales Superiores de Justicia comenzaron a adoptar acuerdos para la reactivación de la actividad judicial. En particular el TSJ Andalucía, avanzaba las líneas maestras de las medidas para la reanudación del sistema judicial, y por ende, de la vuelta a la «nueva normalidad» de la actividad forense, con la reincorporación de los Jueces y Magistrados a sus respectivos Juzgados y Salas a partir del 11 de mayo, y dejaba atisbada una fecha, el 25 de mayo de 2020, como la vuelta a la actividad presencial, y por tanto la vuela a celebración de vistas y comparecencias. Pero matizaba… «si se levanta el estado de alarma».

El CGPJ decidió sin embargo «poner freno» a tales acuerdos y unificar medidas, de tal suerte que, al día de la fecha 26 de mayo de 2020, los bares y restaurantes amplían su actividad al 50% del aforo en terrazas, y 30 % en salas interiores, abren centros comerciales y establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados, se eliminan las restricciones horarias de salidas de ciudadanos para actividades lúdicas o deportivas, se permite la reunión de hasta 15 personas que no convivan en los mismos domicilios… pero los juzgados siguen cerrados a cal y canto, y a la actividad «ordinaria» de Justicia y Administración Pública paralizada, sin actividad presencial.

Alzamiento de la suspensión de plazos y términos.

Bien, pues en esta situación, con un sinnúmero de actividad judicial y administrativa en «estado de espera» en tribunales, y el colapso que esta suponiendo para determinadas administraciones públicas las consecuencias de las medidas adoptadas para el control de la pandemia (ERTES y otras solicitudes) ha venido el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, a anunciar el fin de la suspensión de los plazos y términos, tanto judiciales como administrativos.

Sin embargo, y perdón por la crítica, en su linea de ambigüedad redactora, y de falta de concreción que vienen adoleciendo las resoluciones (apresuradas) dictadas por el ejecutivo durante el Estado de Alarma, el texto articulado que deroga las Disposiciones Adicionales 2ª y 4″, -que regulaba la suspensión de plazos y términos procesales-, y de la Disposición Adicional 3, -que declaraba la interrupción, o suspensión, de plazos y procedimientos administrativos-, ha sembrado dudas que esperamos poder aclarar.

Términos y plazos procesales.

La Disposición Adicional 2ª declaró la suspensión de los términos y plazos procesales mientras durase el Estado de Alarma, con determinadas excepciones en función del carácter urgente y/o esencial de las materias que afectasen a derechos fundamentales, cuestiones derivadas de la pandemia de COVID19 que afectasen a acciones y/o derechos y libertades individuales, menores, violencia de género y aquellas cuestiones en los que la paralización supondría un grave perjuicio para los derechos y libertades de los ciudadanos.

En tal sentido, como hemos dicho en el apartado anterior, el 28 de abril se dictó el RDL 16/2020 que establece el plan de reactivación de la justicia, y que condiciona su «puesta en marcha» al fin del Estado de Alarma, o en su caso, de la disposición normativa que alce la suspensión de los términos y plazos.

Así, el Real Decreto 537/2020, publicado el pasado sábado 23 de mayo, ha venido a establecer en su artículo 8 que » El próximo día 4 de junio de 2020 se alzará la suspensión de los plazos procesales». Y en su Disposición Derogatoria Única, apartado 1, deroga las Disposiciones Adicionales 2ª y 4ª del RD 463/2020.

Por consiguiente, y en consonancia con la Regla del «contador a cero», establecida en el Artículo 2 del RDL 16/2020, «Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.»

En idéntico sentido «Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Dicho de otra forma: se reanudarán desde el principio TODOS LOS PLAZOS procesales de aquellas actuaciones que deban realizar los ciudadanos en el curso del procedimiento de que se trate, y que se suspendieron -estando ya corriendo dichos plazos- en el momento en que se dictó el RD 463/2020, o la actuación a que determine el inicio del plazo se ha dictado, notificado y/o acordado dentro del período de vigencia del Estado de Alarma. Y se AMPLIARAN los plazos para interponer, anunciar y/o formalización recursos contra sentencias y demás resoluciones que pongan fin al procedimiento, por igual plazo al inicialmente concedido.

A título de ejemplo:

  • Sentencia dictada el 12 de marzo de 2020, con plazo de 20 días para formular Apelación, comenzarán a contarse los 20 días desde el día hábil siguiente al 4 de junio de 2020 (5 de junio en la mayoría de sitios).
  • Notificación de demanda de Procedimiento Ordinario que se ha producido el 14 de abril de 2020. Plazo de contestación 20 días. El plazo comenzará a contar desde el día hábil siguiente al 4 de junio de 2020 (5 de junio en la mayoría de sitios).
  • Notificación de Resolución Administrativa que pone fin a la vía Administrativa que se produjo el 14 de febrero de 2020. Susceptible de formular demanda judicial de Recurso Contencioso Administrativo. Plazo de interposición: 2 meses. El plazo se reiniciaría desde el primer día hábil siguiente al 4 de junio de 2020.
  • Sentencia en procedimiento ordinario, dictada el 20 de abril de 2020. El plazo para recurrir 20 días hábiles. El plazo se entenderá ampliado en otros 20 días hábiles.
  • Sentencia de divorcio dictada el 10 de junio de 2020. Plazo para recurrir: 20 días. El plazo se entenderá ampliado en otros 20 días hábiles.

Términos y plazos administrativos

Durante la vigencia del estado de alarma, la regla general ha sido la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en las entidades del sector público de todos las Administraciones Públicas.

El Real Decreto 463/2020, sin embargo, ha utilizado los conceptos de“suspensión” e “interrupción”, aunque no parece haberlo hecho en sentido estricto, sino más bien como términos sinónimos.

Esto podemos observarlo cuando establece que los plazos “se reanudarán” cuando pierdan vigencia el Real Decreto 463/2020 o sus prórrogas (sin distinguir entre supuestos de suspensión e interrupción).

De este modo, podemos entender que el legislador ha querido establecer que los plazos se ven congelados o suspendidos durante el estado de alarma, reanudándose cuando se levante desde el mismo punto en el que se quedaron y por los días que restaban cuando dicho estado se declaró, excepción hecha de la regla específica que para la interposición de recursos administrativos y otras acciones que los sustituyan ha introducido la Disposición Adicional 8ª del Real Decreto-ley 11/2020, a la que posteriormente haré referencia.

Así vino a pronunciarse la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado en su Informe de 20 de marzo de 2020, en respuesta a la consulta sobre la forma en la que habrá de procederse en el momento en el que pierda vigencia la suspensión de los plazos administrativos. Según dicho Informe, «los plazos procedimentales a los que se refiere [la suspensión decretada] quedan suspendidos en el momento de la declaración del estado de alarma, reanudándose por el período que restare cuando desaparezca dicho estado de alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún caso vuelvan a empezar desde cero. Es decir, se “reanudan”, pero no se “reinician”».

Por consiguiente, el RD 537/2020, que en su Disposición Derogatoria Única, apartado 2, establece la derogación con efectos del 1 de junio de 2020 de la Disposición Adicional 3ª del RD 463/2020, ha establecido en su artículo 9 que:

«Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas

Este criterio, sin embargo, no debe entenderse aplicable a los plazos para la interposición de recursos y el ejercicio de otras acciones que los sustituyan, que se fueron afectados por una regla específica establecida por la Disposición Adicional 8ª del Real Decreto-ley 11/2020, a la que más adelante nos referiremos.

Especialidades para la interposición de recursos administrativos y otras acciones que los sustituyan en los procedimientos de los que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado

Como hemos advertido, la Disposición Adicional 8ª del Real Decreto-ley 11/2020 ha añadido al régimen señalado una regla específica que afecta, únicamente, al cómputo del plazo para el ejercicio de las siguientes acciones en la vía administrativa:

  • Interponer recursos.
  • Instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que sustituyan a los recursos.

En ambos supuestos debe tratarse, además, de procedimientos de los que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado.

Para el ejercicio de esas acciones, la citada Disposición Adicional 8ª ha introducido, temporalmente ,la regla de que los plazos correspondientes se computarán “desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma”, siempre que, lógicamente, el plazo en cuestión no hubiese finalizado antes.

La referida Disposición añade, en el último inciso de su primer apartado, que esta nueva regla de cómputo del plazo no afecta a la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación, por lo que debe entenderse que ambas continúan rigiéndose por las normas generales.

Esta regla sobre el cómputo que comentamos se traduce, a mi juicio, en que los plazos para realizar las anteriores actuaciones se iniciarán nuevamente, en el supuesto en que ya estuvieran iniciados, o se computarán íntegramente, en los demás casos, desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma.

Llama la atención la fórmula empleada por el Real Decreto-ley 11/2020, que establece que el cómputo del plazo se realizará “desde el día hábil siguiente” a la fecha de finalización del estado de alarma, pues tal especificación (la referencia a “hábil”) va más allá de la dicción literal de los apartados 3 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, como es sabido, señalan que los plazos por días y por meses se contarán “a partir del día siguiente”, sin realizar mención alguna al carácter hábil o no del mismo.

Partiendo de que la literalidad de la Disposición Adicional 8ª del Real Decreto-ley 11/2020, al no realizar distinciones al respecto, obliga a tomar en cuenta la referencia a “desde el día hábil siguiente” para el cómputo de todo tipo de plazos relacionados con las acciones y procedimientos a los que se refiere, entendemos, a efectos prácticos, que la misma:

  • No implica una alteración del cómputo de los plazos expresados por días hábiles, toda vez que para los mismos la regla general ya viene siendo que se computarán desde el día hábil siguiente.
  • Sí modificaría, en cambio, la regla para el inicio del cómputo de los plazos expresados en días naturales y en meses, que deberá efectuarse, no desde el día siguiente sin más (como venía haciéndose), sino desde el día “hábil” siguiente a la finalización del estado de alarma.

Por lo que se refiere, en particular, a los plazos fijados por meses, ello se traduciría en que, a efectos de su cómputo:

  • Como día inicial, habría que tomar el primer día “hábil” posterior “a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma”.
  • Como día de vencimiento habría que tomar el día del mes o meses siguientes que coincidiera con ese primer día “hábil” posterior “a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma”.

Sin perjuicio de todo ello, teniendo en cuenta el criterio estricto que ha venido manteniéndose por nuestros tribunales en lo que al cómputo de los plazos señalados por meses se refiere, así como que la regla general de cómputo de plazos por meses o años establecida en el segundo inciso del artículo 30.4 de la Ley 39/2015 (cómputo de fecha a fecha) podría entenderse no afectada por la Disposición Adicional 8ª del Real Decreto-ley 11/2020, por prudencia sería recomendable efectuar su cómputo desde la fecha misma del levantamiento del estado de alarma y fijar su vencimiento en el día correlativo a dicha fecha del mes o meses posteriores.

Para finalizar, si ha recibido una notificación judicial, sea demanda, sentencia, o emplazamiento para hacer o no hacer algo, o requerimiento de pago; o bien se le ha notificado una resolución administrativa de las que ponen fin a la vía administrativa, y una vez leído este artículo, aún tiene duda respecto a que puede hacer al respecto, y si aún cuenta con plazo para el ejercicio activo de sus derechos, no deje de ponerse en contacto con nosotros y le informaremos más detalladamente,

Para ello, rellene el siguiente cuestionario, indicando un nombre con el que identificarle, así como su número de teléfono y/o correo electrónico, y una breve explicación de lo que necesita aclaración.

Extranjería: prórroga de la vigencia de autorizaciones y visados

Buenos días. Ante el incremento de consultas de ciudadanos extranjeros residentes en España por la situación de pandemia que venimos viviendo, y que ha provocado el cierre de la atención presencial en las Oficinas de Extranjería, creo que era necesario hacer un breve post con idea de aclarar muchas dudas.

Durante el «cierre de la Administración» se han venido produciendo el vencimiento de numerosas autorizaciones de residencia y trabajo que afecta principalmente a aquellos extranjeros extracomunitarios que viven y trabajan en nuestro país, y a los que la normativa vigente en materia de Extranjería, -fundamentalmente la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social, así como el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, su Reglamento-, obliga a la renovación periódica de dichas autorizaciones.

Así, estas renovaciones de las autorizaciones vigentes deberán solicitarse dentro de los 60 días previos al vencimiento de dicha autorización, dentro de los 90 días siguientes a su caducidad. Para ello y siguiendo los trámites reglamentarios, deberán comparecer en la Oficina de Extranjeros a la que corresponde su domicilio de residencia, y realizar el trámite correspondiente.

Pues bien, ante el cierre de las Oficinas de Atención Ciudadana de Extranjería, la situación de los Extranjeros cuyas autorizaciones vencieron, o estaban próximas a vencer en la fecha de decretarse el Estado de Alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, era de absoluta incertidumbre, pues si bien, inicialmente, se disponía de plazo suficiente para renovar con posterioridad, las sucesivas prórrogas del Estado de Alarma han provocado el agotamiento de dichos plazos.

Es cierto que el Real Decreto 463/2020 acordó la suspensión de los plazos administrativos en su Disposición Adicional 3ª, lo que suponía ex facto la suspensión de los plazos para renovar dichas solicitudes: es decir, una autorización que venciera el 20 de abril de 2020, por ejemplo, quedaba automáticamente suspendido el plazo «posterior» para su renovación, con lo que los 90 días «tras el vencimiento» se computarían a partir del día siguiente a acordarse el levantamiento de la suspensión provocada por el Estado de Alarma. Esto quiere decir que habrá de dictarse un disposición normativa que de manera expresa «acuerde levantar la suspensión de los plazos administrativos.

No obstante, y aunque nos acercamos a ese «final del confinamiento», y por ende, el momento en que se reabrirá al publico la atención personalizadas en la Administración Pública, así como la reanudación de los plazos administrativos, y para paliar la situación de inseguridad jurídica en que se hallan los ciudadanos extranjeros cuyas autorizaciones han vencido, y con objeto de evitar la avalancha de solicitudes tras la reanudación de plazos, el Ministerio de Sanidad ha dictado la Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o
trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Autorización de Residencia y Trabajo Temporal

Las autorizaciones, o sus prórrogas, que hayan vencido durante el estado de Alarma, independientemente de que se hubiera ya, o no, iniciado los trámites para su renovación, se entenderán prorrogadas por un período que se extenderá desde la fecha de caducidad de la autorización y hasta los seis (6) meses posteriores al levantamiento del Estado de Alarma.

Esta prórroga será así mismo de aplicación a aquellas autorizaciones, o prórrogas, que hubieran vencido dentro de los noventa días naturales anteriores a decretarse el Estado de Alarma, independientemente de que se hubiera o no solicitado ya la renovación.

Ejemplos:

  • El ciudadano X se encuentra en España con una autorización de trabajo y residencia por cuenta ajena, de duración anual (primera autorización) y venció la misma el 20 de abril de 2020. Inició trámite para solicitar la renovación, pero su cita -concedida antes de decretarse el Estado de Alarma-, fue suspendida tras el cierre de la Administración. Su autorización se encuentra prorrogada desde el 20 de abril de 2020 y hasta 6 meses después de que se acuerde levantar el estado de alarma, por lo que su situación en España sigue siendo absolutamente legal.
  • La ciudadana X se encuentra en España con una autorización de trabajo y residencia por cuenta propia, disfrutando de la primera prórroga, de duración bianual, y venció la misma el 12 de febrero de 2020. Por razón de su trabajo, inició el trámite para solicitar la segunda prórroga con posterioridad a caducar su autorización, pero la cita de extranjería fue suspendida tras el cierre de la Administración. Su autorización se encuentra prorrogada desde el 12 de febrero de 2020 y hasta 6 meses después de que se acuerde levantar el estado de alarma, por lo que su situación en España sigue siendo absolutamente legal.

Esta misma prórroga de hasta 6 meses desde el levantamiento del estado de alarma será aplicable a la renovación de las tarjetas de identidad de extranjeros expedidas en virtud de las autorizaciones de trabajo y residencia.

No obstante esta prórroga no será de aplicación a las autorizaciones de residencia formativas otorgadas al amparo del art. 30 del RD 183/2008, de 8 de febrero.

Este Real Decreto regula la clasificación y actividades formativas en materia de Ciencias de la Salud. En concreto el art. 30 establece que el Ministerio de Sanidad será el competente para conceder determinadas autorizaciones de estancia en España para formación a titulados o graduados en ciencias de salud de aquellos paises con los que se tenga firmado convenio o acuerdo en tal sentido. En estos casos, se seguirán regulando por su normativa específica, finalizando las autorizaciones en los plazos y fechas que en cada caso corresponda.

Tarjeta de Residencia de Familiar de la Unión Europea

En idéntica forma a lo regulado para las autorizaciones de residencia y trabajo, se entenderá prorrogadas hasta 6 meses después del levantamiento del estado de alarma, y con efectos desde la fecha de expiración, las tarjetas de familiar de ciudadano de la unión cuyo vencimiento se haya producido durante el estado de alarma, e incluso aquellos que se produjeran dentro de los 90 días previos al dictado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Autorización de residencia de larga duración.

En sintonía con lo acordado en los apartados anteriores, son prorrogadas automáticamente durante la vigencia del estado de alarma y hasta un periodo de seis meses desde la finalización de este, la validez de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una autorización de residencia de larga duración. Los efectos se extenderán desde la fecha de expiración, incluyendo aquellos supuestos en que la misma se produjera dentro de los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó el mismo

Prorroga de estancias de noventa días.

Las personas que se encontraran en España en virtud de autorización de estancia no superior a 90 días naturales, y su vencimiento se haya producido durante el estado de alarma, se considerarán prorrogada su autorización de estancia por TRES MESES.

Esta autorización será limitada para permanecer en territorio español, y el tiempo de prórroga que se computará a efectos de calcular el período de futuras autorizaciones de estancias.

Cómo se sabe, el art. 28.1 del Reglamento de Extranjería define la situación de estancia de corta duración, a la autorización a extranjeros que, no sea titular de una autorización de residencia, para permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma de periodos sucesivos cuya duración total no exceda de noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

Así, de conformidad con lo establecido en la Orden SND/431/2020, el ciudadano extranjero que estuviera disfrutando de una estancia de corta duración de, a título de ejemplo, 45 días, y que hubiera vencido su autorización el 15 de marzo 2020, verá automáticamente prorrogada su estancia por tres meses. Esto supondría que el vencimiento de su autorización de estancia de corta duración finalizaría el 15 de junio de 2020.

Sin embargo, ese tiempo «adicional» sumaría para caso de querer obtener una nueva autorización dentro del mismo semestre, y habiéndose superado los 90 días de máxima duración que establece el art. 28 del Reglamento de Extranjería, no podría regresar a España, con una nueva autorización de estancia de corta duración, hasta transcurrido como mínimo 6 meses desde la primera entrada.

Visados de larga duración

Los visados de larga duración expedidos al amparo de un Acuerdo de Movilidad de Jóvenes, así como los visados de estancia por estudios de hasta ciento ochenta días de duración, cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma, verán prorrogada su validez durante un período de tres meses desde la finalización del estado de alarma, siempre que su titular se encuentre en España y no haya podido regresar a su país de origen.

Entrada en España de los nacionales de terceros países

Podrán entrar en España aquellos ciudadanos de terceros paises que sean titulares de una
autorización de trabajo y/o residencia, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, tarjeta de identidad de extranjero concedida en base a una residencia de larga duración prorrogada, con la presentación de su documento de viaje válido y en vigor y la tarjeta de identidad de extranjero caducada.

Los titulares de visados de larga duración expedidos al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuya validez expire durante la vigencia del estado de alarma y que se encuentren en el extranjero podrán entrar en España con la presentación de su documento de viaje válido y en vigor y el visado caducado.

Ausencias del territorio español durante el Estado de Alarma.

No se computarán las ausencias del territorio español, por la imposibilidad de retornar ocasionadas por el COVID-19, de aquellos ciudadanos extranjeros que precisen acreditar la residencia continuada en nuestro país.

Si necesita más información contacte con nosotros, o bien rellene el formulario a continuación, indicando su nombre y su email y/o número de teléfono y nos pondremos en contacto con Vd.

Nuevas medidas para alquileres de locales y viviendas de temporada

Buenos días. Con el revuelo que se ha generado estos días acerca de la medida de «desconfinamiento» de los niños, y el tan traído debate de si podían salir a «pasear al campo» o «pasear al Alcampo ®» -permítanme el mal chiste-, han pasado casi de puntilla la adopción de otras medidas que, si bien es cierto que estaban siendo demandadas desde hace tiempo, ahora parece que empiezan a concretarse…

En efecto, el pasado 22 de abril 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que abarcan ampliación da la normativa ya adoptada en materia de arrendamientos, así como ampliación y concreción de las ayudas de financiación y ayudas fiscales para empresas y autónomos. Vamos a ello.

Como ya explicamos en una entrada anterior, que podéis leer aquí, en materia de arrendamientos para uso de vivienda ya se habían establecido una serie de medidas, así cómo una modificación del Plan de Vivienda 2018-2021 que contemplaban medidas parecidas a las ahora aprobadas, pero limitadas a los arrendamientos para uso de vivienda permanente.

Las medidas ahora aprobadas extiende, por tanto la protección a los arrendamientos para uso distinto de vivienda, así como para los de industria.

Clases de Arrendamientos

Primero expliquemos para el gran público, la diferencia que existen entre los distintos tipos de arrendamiento, y que determinará que tipo de ayudas o medidas se podrán solicitar, o no, según cada caso.

  • Arrendamiento para uso de vivienda: definido en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de arrendamientos urbanos (LAU), es aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
  • Arrendamiento para uso distinto de vivienda: definido por exclusión en el artículo 3 de la LAU, es aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo 2.
  • Arrendamiento de industria: por el contrario, está excluido del ámbito de la LAU, y ha sido definido por nuestro Tribunal Supremo como aquel arrendamiento en que “el objeto del arrendamiento alcanza no sólo al local o establecimiento susceptible de explotación empresarial, sino también al negocio o empresa instalada y que se desarrolla en él, con los elementos necesarios para dicha explotación de tal forma que constituyen un todo patrimonial«

Así, una persona o familia que alquila una vivienda para establecer ahí su residencia habitual, constituye sobre la misma un arrendamiento para uso de vivienda. Y esta calificación alcanza al garaje o trastero anejo a dicha edificación y que se engloba dentro de la misma finalidad.

Por el contrario, el alquiler de un local para instalar en el un negocio o actividad industrial, o bien el arrendamiento de un apartamento en la playa, un piso para estudiantes desplazados, o simplemente el arrendamiento de una vivienda por personas o trabajadores desplazados, para su utilización durante un tiempo determinado y concreto, y generalmente inferior al año natural, sin ánimo de permanencia en esa residencia, constituiría un arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

Finalmente, el alquiler de un local en el que hay instalado un negocio o actividad, por ejemplo un bar, y que incluye no sólo el local sino todo el material, enseres, maquinaria, y por supuesto, clientela que contiene, de manera que, tras el arrendamiento puede ponerse en explotación directamente, constituiría un arrendamiento de industria.

Medidas en materia de arrendamiento para uso distinto de vivienda. Modalidad general.

En los Artículos 1 a 5 de este nuevo Real Decreto Ley se amplía la posibilidad de acogerse a moratorias en el pago de la renta sobre locales o inmuebles en los que se ejerza una actividad empresarial, a aquellos autónomos o pymes que sean arrendatarios de los mismos, pudiendo aplazar las rentas no abonadas en hasta 24 mensualidades sin intereses.

Quienes pueden aplicarlo, y a quienes

Las medidas adoptadas serán de «obligatoria» aceptación para los arrendadores que tengan la condición de grandes tenedores, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que posean más de 10 inmuebles urbanos, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. En estos casos, deberán aceptar el aplazamiento temporal de la renta de los inmuebles arrendados, en el plazo de un mes desde que se les solicite por los arrendatarios y éstos -los arrendatarios- cumplan los requisitos que así mismo se establecen en el artículo 3 y siguientes del RDL.

¿Cuanto tiempo abarca la moratoria?

La moratoria se aplicará de manera automática y por el tiempo que dure el estado de alarma, y por las mensualidades siguientes, prorrogadas una a una, si el plazo es insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, pero siempre sin poder extenderse más allá de cuatro meses tras la finalización del estado de alarma.

¿Cómo se aplica la moratoria o aplazamiento?

El mecanismo será el siguiente, explicado en palabras sencillas. La moratoria consistirá en que desde la entrada en vigor de este RDL, y hasta que finalice el estado de alarma, o en su caso hasta que finalicen esos cuatro meses de «prorroga» en los supuestos expuestos más arriba, el arrendatario no pagará la renta.

Una vez que finalice esto plazos, las rentas NO ABONADAS podrán ser aplazadas para su pago hasta un máximo de 24 meses siguientes a la finalización de la moratoria, sin devengo de intereses. La duración del aplazamiento estará supeditado a la duración del contrato: de tal suerte que si el contrato durase únicamente seis meses más, después de la finalización de la moratoria, ese sería el plazo máximo de «aplazamiento» que tendría el arrendatario para devolver la renta.

Es decir, y que quede claro: NO ES UNA CONDONACIÓN DE LA RENTA. Es un «dejo de pagar mientras dure ésto, y lo pago cuando volvamos a funcionar, y sin intereses»

Caso particular: otros arrendamientos para uso distinto de vivienda. Otros arrendadores.

Sin embargo, el RDL ha ido más allá, y en su artículo 2 establece unas medidas para otros arrendamientos para uso distinto de vivienda, y de industria, que hasta ahora no estaban contemplados.

A quienes afecta y quiénes pueden solicitarla

El artículo 2 del RDL 15/2020 ha venido ahora a contemplar aquellos supuestos en que los arrendadores no son grandes tenedores, es decir, aquellos supuestos en que lo propietarios del local o vivienda arrendada para uso distinto de vivienda, e incluso el propietario de una industria arrendada, es una persona física o jurídica que NO dispone de más de 10 vivienda o de más de 1.500 metros cuadrados de superficie en arrendamiento.

En definitiva, contempla, visto desde una óptica, el caso de una un arrendador que sea, por ejemplo, una viuda que vive con su hija, y que alquila su piso para complementar su exigua pensión de viudez.

O visto desde otra óptica, el supuesto de una empresa de construcción que teniendo trabajadores desplazados a localidad distinta de la residencia de éstos, alquila un piso para vivir mientras duren las obras.

Y finalmente, desde otra óptica, el caso de un autónomo que alquila un bar en funcionamiento, al antiguo propietario del bar que se acaba de jubilar, para continuar con su explotación.

¿Qué medidas pueden adoptarse en estos supuestos?

De un lado, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, que habrá de solicitarse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del RDL.

Cómo novedad incluye que las partes podrán disponer libremente de la fianza depositada al inicio del arrendamiento, que podrá servir para el pago, total o parcial de alguna de las rentas que se devenguen. Esta fianza habrá de ser repuesta en el plazo de un año a que se celebre el acuerdo que contemple su disposición.

¿Que tipo de arrendatarios pueden acogerse a ambos tipos de medidas?

Si se tratara de arrendamientos de locales afectos a actividades económicas desarrolladas por autónomos, sólo podrán solicitarlo aquellos autónomos afiliados y en alta en el RETA a la fecha de entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo, que estableció el estado de alarma, y cuya actividad quedó suspendida por el citado artículo o normas u órdenes posteriores dictadas por la Autoridad competente.

Si su actividad no quedó directamente suspendida, se deberá acreditar una reducción de la factura del mes natural anterior a la solicitud del aplazamiento de, al menos el 75% en relación con la media mensual del trimestre al que correspondió el mismo mes en el año anterior.

Si la actividad a la que el local está afecto es desarrollada por una PYME, ésta, para poder acogerse a las medidas, no podrá tener una cifra de negocio superior a los 8 millones de euros, ni disponer de activos superiores a 4 millones, ni haber empleado en el ejercicio a más de 50 trabajadores (Art. 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Además su actividad habrá tenido que ser suspendida por el Decreto que acordó el estado de alarma, o, al menos haber reducido su facturación en el mes natural anterior a la solicitud, al menos en un 75 % en igual cómputo que el establecido para los autónomos.

Nota importante:, estas medidas NO PODRÁN SER SOLICITADAS por aquellas personas que tuvieran suscritos contratos de alquiler para viviendas de temporada, viviendas turísticas, pisos de estudiantes o similares, que tendrán que acudir en cada caso, a la negociación particular y concreta con sus respectivos arrendadores, y someterse, en cada caso a la libre voluntad de ambas partes.

Si quieres más información rellena el FORMULARIO que hay a continuación, y te informaremos con más detalle y sin compromiso.

Ayudas Autonómicas y Provinciales (Córdoba) para autónomos y mutualistas

Buenas tardes. Dado el interés suscitado por los noticias sobre ayudas complementarias que están anunciando tanto la Junta de Andalucía, como la Diputación de Córdoba, y conforme al principio periodístico «lo que hoy es noticia, mañana será historia», voy a intentar dar, aunque sea una pequeña reseña para que podamos, especialmente el Colectivo de Autónomos y, permítanmelo, Abogados, Procuradores y otros profesionales que cotizamos a regímenes alternativos como son las Mutualidades de Previsión. Vamos a ello.

Ampliación del plazo para presentar las autoliquidaciones de impuestos.

Aunque en realidad no es una ayuda si es una alivio para las vacías arcas de autónomos y profesionales.

En el día de hoy se ha aprobado el Real Decreto 14/2020, de 14 de abril por el que se acuerde ampliar «los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decretoley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020»

Es decir, que los las autoliquidaciones correspondiente al 1T 2020 del IRPF, IVA, Pagos a Cuenta, y en definitiva aquellas obligaciones que desde hoy día 15 de abril se vayan devengando hasta el próximo 20 de Mayo, se podrán presentar hasta éste último día, lo que supone un respiro de casi un mes para ver como evoluciona el estado de alarma. Sin duda una buena noticia, que, esta vez sí, nos llega a todos… al menos los que facturamos menos de 600.000 € en el año 2019… que creo que seremos muchos.

Ayuda de 300 € para autónomos (y mutualistas) de la Junta de Andalucía

Como ya anunció hace unos días el Presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, la Junta ha puesto en marcha una ayuda excepcional de 300 € para autónomos y mutualistas.

Este programa, que se incluye dentro del decreto ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, y pretende complementar las que ya se han adoptado a nivel nacional y llegar a parte del colectivo que no se está beneficiando de algunas de ellas, como la prestación extraordinaria por cese de actividad.

Debido al carácter urgente de la medida, el decreto ley establece que la tramitación, que sólo podrá realizarse de forma telemática, se llevará a cabo con un procedimiento simplificado y ágil, de forma que, en una primera fase, el autónomo (o mutualista) únicamente tenga que presentar una solicitud ‘online’ y pueda cobrar la ayuda en el más breve plazo posible, para hacer frente a los gastos más inmediatos

El plazo de solicitud comienza al día siguiente de la publicación en el BOJA de esta ayuda, y terminará hasta 15 días después de levantarse el Estado de Alarma.

Como requisito para ser beneficiario será preceptivo estar Afiliado y en Alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos, o en la Mutualidad de Previsión alternativa, a la fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma.

Cómo es lógico, no podrán acogerse a esta medida quienes si se hayan acogido a las medidas extraordinarias aprobadas por el Real Decreto Ley 7/2020, de 29 de marzo, ni los que su actividad esté considerada actividad esencial, ni, por supuesto, aquellos que en su declaración del IRPF hayan declarado una Base Liquidable General de más de 39.900 euros.

Esta medida permite incluir a más de 99 profesiones, de distintos sectores, entre los que se hayan el sanitario (odontólogos, fisios, logopedas…), artesanos, veterinarios, ópticos y ortopedistas…. y, ahora si, abogados y procuradores, interpretes, psicólogos…. entre otros muchos.

Evidentemente es una ayudado de concurrencia no competitiva, y durará hasta agotar presupuesto.

En cuanto tenga disponible el enlace para su solicitud…. lo publicaré en esta misma página

Si quieres recibir la noticia de actualización de la misma, suscríbete a este Blog, y recibirás en tu correo las entradas actualidadas.

Ayuda de hasta 572 € de la Diputación de Córdoba para Autónomos y Mutualistas

Este miércoles, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado una de las medidas más esperadas por miles de autónomos cordobeses: unas ayudas extraordinarias de la Diputación de Córdoba a aquellos que viven en municipios menores de 50.000 habitantes, entre los que encontramos Palma del Río.

La publicación concreta que las ayudas serán de hasta 572,30 euros por cada beneficiario, hasta agotar un presupuesto global de 947.800 euros, según informa hoy mismo el BOP de la Diputación.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas trabajadoras autónomas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo.

Al igual que con las ayudas aprobadas por la Junta, habrán de estar dados de alta a la fecha de declaración del Estado de Alarma, y tendrán que residir en una población de menos de 50.000 habitantes.

El plazo de solicitud se inicia hoy miércoles 15 de abril, y finalizará el 20 de mayo de 2020, debiendo acompañarse a las solicitudes al documentación requerida por la convocatoria, siendo dirigida a la Presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, pudiéndose presentar a través del Registro Electrónico de este organismo, en la web www.iprodeco.es/sede.

En este enlace se podrá consultar las Bases de la Convocatoria, que incluye que conceptos son subvencionables y documentos para su acreditación.

Si quieres que te asesoremos para solicitar estas ayudas, contáctanos o rellena el formulario a continuación.

10+2 preguntas sobre la cuarentena (II)

Buenos días. Hace ya unas fechas publiqué una entrada con la que intentaba dar respuestas a las dudas y preguntas que más se hacen estos días en el despacho, al igual que en conversaciones virtuales con amigos y familiares.

Y es cierta la notable ambigüedad de las normas que se han ido publicando estos días, debido, a juicio de este Letrado, a la urgencia de su dictado, a la precipitación en dar respuesta a las necesidades de la población, y también, y en gran medida, al débito político que ha de pagar el Gobierno por los pactos que le permitieron alcanzar el poder.

Y dado que desde el inicio de esta serie de post de preguntas y repuestas, han pasado muchas cosas, el plan original ha sido modificado. Así, algunas de las pregunas inicialmente previstas, ya no son de actualidad, y han sido sustituidas.

Por otro lado, las últimas disposiciones dictadas, y en particular la desescalada progresiva del confinamiento y reactivación la economía nos llevan a tener que añadir dos preguntas, con sus correspondientes respuestas. Vamos con ello.

Las 10+2 preguntas más frecuentes sobre el Estado de Alarma
  1. Puedo seguir ejerciendo el régimen de visitas.
  2. Cuantas personas pueden ir en un coche.
  3. Tengo que pagar el alquiler del local si tengo el negocio cerrado.
  4. Que es la moratoria de hipoteca
  5. Que cobraré mientas me encuentre en un ERTE.
  6. Me han despedido por el Coronavirus, que tengo que hacer
  7. Puedo solicitar el desempleo si no estoy trabajando.
  8. No tengo testamento, ¿cómo podría hacerlo?
  9. Antes de empezar la Cuarentena estaba en plazo para pagar un sanción, ¿tengo que pagarla?
  10. ¿Cómo y cuándo aplazar el pago de mis deudas de seguridad social?
  11. ¿Se ha ampliado el plazo de presentación de los impuestos trimestrales hasta el 20 de mayo?
  12. ¿Qué actividades pueden volver al trabajar desde el próximo día 14 de abril?
6. Me han despedido por el Coronavirus, ¿que tengo que hacer?

Bueno, esta es una de las preguntas que más «pólvora» levantó, tras la publicación del Real Decreto-ley 9/2020, por el que se ampliaban las Medidas Extraordinarias que ya se habían iniciado con los RRDDLL 7/2020 y 8/2020.

En España no existe (normativamente) el despido libre, sino que el Estatuto de los Trabajadores regula entre los artículos 49 a 56, y demás de concordante aplicación dos tipos generales de extinción de contrato por voluntad del empresario: el despido disciplinario (del que hoy no os hablaré) y el despido objetivo.

Esta modalidad de despido es la que permite a un empresario extinguir unilateralmente el contrato de uno o varios de sus trabajadores cuando existen razones que la ley denomina «económicas, técnicas u organizativas», entre otras.

En castellano vulgar: la empresa despide a un trabajador porque el negocio va económicamente mal, se ha invertido en tecnología que conlleva la amortización de puestos de trabajo obsoletos, o se ha contratado una linea de producción de la empresa con una filial en China y ya no se va a seguir con esa producción a nivel local.

Pues bien, el artículo 2 del RD 9/2020, de 28 de marzo, ha prohibido argumentar como causa para despedir o extinguir un contrato laboral las medidas adoptadas por el gobierno contra el Coronavirus.

Es decir, nuevamente en Castellano vulgar: NO TE PUEDEN DESPEDIR por el Coronavirus, ni pueden dar por terminado tu Contrato Temporal por el Coronavirus. En caso de que se hagan, mi criterio es que estaríamos ante un DESPIDO NULO, y en caso de impugnarlo ante los tribunales, deberían readmitirte, con abono de los salarios de tramitación.

Cuestión diferente es que la empresa pueda acorgerse a un ERTE, que es lo razonable en esta situación, o un ERE, según el tipo de actividad y viabilidad de la empresa.

Tienes más información aquí y aquí.

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7. Puedo solicitar el desempleo si no estoy trabajando.

Otra buena pregunta, con una respuesta que también ha sido afectada por las últimas disposiciones normativas.

Con carácter general, sólo pueden solicitar el desempleo los trabajadores y trabajadoras inscritos en el Régimen General o cualquier de sus Sistemas anexos de la Seguridad Social (por tanto no los autónomos ni empleados de hogar, ni por supuestos prestaciones laborales en régimen de prácticas empresariales) que finalicen una relación laboral por causa NO imputable al trabajador y que hayan cotizado por la contingencia de desempleo, al menos 360 días, dentro de los seis años anteriores al hecho causante.

Hay otros supuestos (cargas familiares, no alcanzar períodos de cotización mínimo, subsidio para mayores de 52 años…) que no trataré aquí, pero que sin embargo permiten solicitar una prestación equivalente al 80% del IMPREM (unos 430 €/mes) y con una duración variable en función de las circunstancias concurrentes.

Durante la actual situación se activaron diversas medidas para conseguir paliar «casi» todas las situaciones de desocupación forzada por el COVID-19.

Así, por primera y única vez, se activaba una prestación extraordinaria de desempleo, de un mes de duración para los trabajadores integrados en el Régimen Especial de Trabajadores del Hogar.

Así mismo, se estimaba compatibilizar la prestación por cese empresarial (el paro de los autónomos) sin tener que «dar de baja » la empresa.

Se estableció que la situación de desempleo causadas por los ERTES determinaría que los trabajadores afectados disfrutarían de la prestación contributiva, aún sin tener el período mínimo cotizado, y además el tiempo de la percepción del desempleo por ERTE no restaría tiempo de prestación cuando, en un futuro, tuviera que solicitar un desempleo ordinario.

La prestación por desempleo hay que solicitarla presencialmente, o telemáticamente a través de la página Web del Servicio Público de Empleo Estatal, para lo que hay que disponer de DNIe o Certificado Digital, o bien haberse registrado en el sistema Cl@ve.

Sin embargo, tras las medidas extraordinarias adoptadas, y la llegada de los ERTES masivos, el artículo 3 del RDLey 9/2020 ha establecido la medida de que en el caso de los ERTEs en los que se produzca suspensiones de contratos y/o reducciones de jornada, serán las empresas las que tendrán que solicitar el desempleo de forma colectiva para los trabajadores afectados.

Aquí teneis más información al respecto.

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8. No tengo testamento, ¿cómo podría hacerlo?

Esta pregunta ya fue respondida ampliamente en nuestra entrada sobre testamentos que puedes consultar aquí.

Así, aparte del testamento ológrafo, aquel redactado de puño y letra por el testador, sin tener que salir de casa, siempre podremos, previa cita, acudir a nuestra oficina notarial más cercana, y pedir cita para ello, por cuanto las Notarías se encuentran incluidas dentro de las actividades no suspendidas.

De todas maneras si tienes dudas al respecto, contáctanos, o bien déjame un comentario, utilizando el formulario al pie de esta entrada, y te responderemos lo antes posible.

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9. Antes de empezar la Cuarentena estaba en plazo para pagar un sanción, ¿tengo que pagarla?

Cómo recordaréis el RD 463/2020, de 14 de marzo, estableció en su Disposición Adicional Tercera la suspensión de términos y la interrupción de plazos en todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta Ley define en su artículo 2 que es el Sector Públicos, y que son:

  1. La Administración General del Estado.
  2. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
  3. Las Entidades que integran la Administración Local.
  4. El sector público institucional, que se integra por:
    1. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
    2. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
    3. Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

Esto significaba que todos los procedimientos administrativos en curso, quedaban automáticamente suspendidos, y que los plazos que se encontraban corriendo quedaban interrumpidos, no correrían plazos.

No obstante, en su apartado tercero, la referida disposición matizaba que el órgano competente (entiéndase, el órgano del sector público con potestad sobre una determinada materia) podía adoptar medidas para la adecuada protección de derechos e intereses del interesado llevar a cabo actuaciones de instrucción u ordenación del precedimiento.

Aunque, posteriormente, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, modificó el RD 463/2020, y entre otros aspectos, lo establecido en esta Disposición Adicional, apartado cuarto, añadiendo así mismo dos nuevos apartados 5 e 6:

  • 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
  • 5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
  • 6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Dicho de otra manera, que esta suspensión de plazos y de procedimiento administrativos no se aplica a la obligación de presentar las liquidaciones y pagar las deudas de seguridad social, así cómo tampoco a las autoliquidaciones tributarias y deudas de igual naturaleza.

Por tanto, si tenías una propuesta de sanción que estaba en plazo para alegaciones, o sanción definitiva en plazo para su liquidación, a la fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma el plazo quedó interrumpido, excepto si dicha sanción tenía su origen en deudas o liquidaciones de la Seguridad Social, o de la Agencia Tributaria.

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10. ¿Cómo y cuándo aplazar el pago de mis deudas de seguridad social?

El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron las medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, estableció para las empresas dos posibilidades a las que acogerse:

  • Moratorias del pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, de seis meses, sin interés, cuyo período de devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020, y
  • Aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0.5%.

Los plazos para su solicitud serán, hasta el 10 de abril 2020 para las deudas generadas en marzo, con solicitud de aplazamiento, y hasta el 10 de mayo y 10 de junio de 2020, moratoria o aplazamiento de las devengadas en abril y mayo. Respecto a las devengadas en junio, sólo se podrá pedir moratoria hasta el 10 de julio de 2020.

Diferencias entre una y otra posibilidad: la moratoria sólo te da la posibilidad de retrasar el pago de la deuda, es decir, se presentaría la liquidación del Seguro Social dentro de los plazos reglamentarios, interesando que su pago se retrase hasta el mes de noviembre y los siguientes en función de los meses que se haya solicitado (recordemos, sólo se podrán aplazar o acoger a moratoria las liquidaciones de abril, mayo y junio 2020)

Por su parte, el aplazamiento es fraccionar el pago de la deuda social, hasta en un máximo de seis meses, con un interés muy bajo, y se puede solicitar, para las liquidaciones que se presenten en mayo y junio.

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11. ¿Se ha ampliado el plazo de presentación de los impuestos trimestrales hasta el 20 de mayo?

¡¡¡¡SI!!!!! Por fín…

A la fecha de redacción de esta entrada, se estaba estudiando por el gobierno su aprobación.

Sin embargo, en el día de hoy se ha dictado el Real Decreto Ley 12/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo de presentación de las autoliquidaciones cuyo periodo de ingreso venciera a partir del 15 de abril de 2020, hasta el 20 de mayo de 2020, lo que incluye las autoliquidaciones por IRPF, IVA, Retenciones y demás de devengo trimestral, o la mensual, en los casos que proceda con determinadas excepciones para grandes grupos empresariales, y operadores internacionales que se reseñan en el referido Real Decreto.

En definitiva, los autónomos y PYMES que tenían que presentar el trimestre, y que hoy día 15 de abril, era el último para presentar las domiciliaciones en caso de resultar a pagar, sabed que tenemos de plazo hasta el 20 de mayo (15 si vas a domiciliar el pago).

Ello además en lo referente a la presentación de la autoliquidación; si además se pretende acoger alguna medida de aplazamiento o moratoria de las que en su día fueron aprobadas, habrán de verificarse conforme proceda dentro del plazo ampliado.

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12. ¿Qué actividades pueden volver al trabajar desde el próximo día 14 de abril?

El confinamiento radical fue establecido por el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, que acordó el establecimiento de un permiso retribuido recuperable a todos los trabajadores de actividades que, no teniendo el carácter de esencial, seguían realizando su actividad industrial o productiva, al no estar comprendida dentro de las actividades cuya realización fue suspendida por la declaración del Estado de Alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Dado que dicho permiso retribuido alcanzaba desde la publicación del RDL 10/2020 y su duración alcanzaba hasta el 9 de abril de 2020 (fecha de inicio de las vacaciones de semana santa), ello significaba que, al finalizar el período de vacaciones, y en particular en aquellas comunidades que el Lunes era festivo, desde el martes 14 los trabajadores que se encontraban de permiso retribuido recuperable han de volver a sus actividades.

Siguen paralizadas las actividades relacionados con la actividad Comercial y de Hostelería que habían sido suspendidas por el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

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Explicando el Nuevo Programa de Ayudas de Viviendas…

…¿expropiación de viviendas privadas?

Buenos días. El sábado tarde y noche las redes sociales se fueron «calentando» con la información que empezaba a difundirse de que se había aprobado una normativa que, a primera vista, «legitimaba» la expropiación de viviendas privadas para destinarlas a ciertos colectivos, y que rápidamente empezó a titularse como el fin de la propiedad privada.

A partir de entonces el resto del fin de semana ha sido un continuo cruce de opiniones en las principales redes, generando un nuevo motivo de crispación entre defensores y detractores de la gestión del gobierno de la crisis del COVID-19, y, en especial, de estar «aprovechándose» la coyuntura de cierta falta de control legislativo -dada el práctico cierre del parlamento- para que el gobierno de coalición esté metiendo a calzador determinadas propuestas que, visto el mecanismo empleado para ello, bordea el estado de derecho.

Pero ojo, no quiero desde este post entrar en debates «morales», ni mucho menos, «forofos» a favor o en contra del gobierno, que por mucho menos lo tachan a uno de insolente en las redes por quienes no saben aceptar opiniones que no sean las suyas propias.

Así que, como en anteriores ocasiones, vamos a tratar de explicar el controvertido asunto. A ver si somos capaces de «entenderlo».

Recordando el RDLey 11/2020

Antes de nada hay que decir que lo que tanto revuelo ha levantado es una Orden del Ministerio de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana nº TMA/336/2020, de 9 de abril 2020, que se publico en el BOE el pasado sábado 11 de abril.

Esta Orden es el desarrollo de lo que fue establecido por vía Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se establecían determinadas medidas complementario en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Sobre estas medidas ya hicimos referencias en nuestras entradas sobre la medidas sociales complementarias para familias y especialmente la de alquileres. Especialmente ésta última enlaza directamente con la materia de la controvertida Orden Ministerial.

Así, y resumiendo brevemente, el RDL 11/2020 establecía en sus artículos 10, 11 y 12, diversas medidas en materia de vivienda, y especialmente de alquiler, entre las que destacaba, como recordaréis la una ayuda económica, de hasta el 100 % en de la renta o del préstamo para pagar la renta, con límite de 900 €, para las personas vulnerables y que tengan que seguir pagando la renta.

Pues bien, en sus artículos 11 del RDL 11/2020, en su apartado 1, establecía que «Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables»«

Este nuevo programa establecerá unas ayudas, y de solución habitacional inmediato, utilizando la disponibilidad de viviendas en poder de, o gestionadas por, la Administración para su cesión a personas vulnerables en régimen de alquiler o cesión de uso.

Pues bien, la TMA/336/2020 de 9 de abril es esa orden ministerial a la que se hace referencia en el apartado 1º del Art. 11, y en los apartados siguientes establece el fin de dicha medida y el núcleo poblacional objetivo.

Finalmente el artículo 12 del RDL 11/2020 preveía una «ampliación del parque de viviendas» para las finalidades de ese nuevo Plan de Ayudas.

¿Que dice la Orden TMA/336/2020?

La tan traída Orden Ministerial no sólo contiene la página que se ha publicado y reenviado cientos de veces por Redes Sociales, tiene otras más con diversos contenidos, algunos muy interesantes.

Pero nos vamos a centrar, por aquello de no desviarnos de la finalidad de este post, de las que se refieren a la creación/sustitución del Plan de Vivienda. Vamos a ello.

La TMA/336/2020 orden incluir las disposiciones aprobadas por los diferentes corpus normativos emitidos durante el estado de alarma y que afectan al tema de vivienda al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que establece el Plan de Vivienda Estatal 2018 a 2021 (Artículo 1)

La Orden TMA/336/2020 supone la modificación del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que establecía el Plan Nacional de Viviendas 2018-2021, ya en vigor, y la supresión y sustitución de determinados programas

Como tal, el «reformado» RD 106/2018 incluirá de un lado los programas de ayudas económicas (Artículo 2), mediante adjudicación directa, y con los límites que se establecían en el RDL 11/2020, es decir, hasta el 100% de la renta o de la financiación para pago de la renta, y con un máximo de 900 € mes, durante un máximo de seis meses, siendo el primer mes «abonable» el de Abril 2020 (Art. 2.4).

Se establecen los requisitos que han de reunir los beneficiarios (Art. 2.2), así como que la gestión del procedimiento de reconocimiento y concesión de este tipo de ayudas corresponden a las CCAA, por lo que, éstas habrán de recibir los fondos para ello, con lo que ya tenemos servido el debate de a que Comunidades Autónomas llegarán primero estos fondos… y a cual llegará la última (Apostamos: Andalucía, de las últimas… y ojalá me tenga que tragar mis palabras)

Se establece el plazo de solicitud de estas ayudas, que será hasta el 30 de septiembre, pero insistimos, será a través de las CC.AA. como se gestione, por lo que habrán de ser éstas (en nuestro caso la Junta de Andalucía) la que establezca el mecanismo para ello (Art. 2.3 y .5).

Eso sí, habrá de aportarse la copia completa del contrato de alquiler que establezca cuantía y forma de pago, y habrá de acreditarse el pago de las últimas tres mensualidades, imaginamos que previas al COVID-19 o a la Solicitud (nuevas ambigüedad no resuelta por la norma…) El pago de las ayudas, una vez reconocida, se hará directamente al arrendador y su finalidad será el pago de las rentas. (Art. 2.3)

En el Artículo 3 se suprime y sustituye el programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, que aparecía recogido en el RD 106/2018, regulado en los artículos 19 a 23.

Así, el Artículo 4 de la TMA/336/2020 desarrolla el nuevo programa, que ya no solo va referido a personas en situación de desahucio, sino que se amplía a víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

El programa califica de beneficiarios no sólo a estas personas, sino que además, en el apartado 2 del Artículo 4, califica de beneficiarias a las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquéllas personas.

El plan contempla, apartado 3 del artículo 4, poner a disposición de los beneficiarios, es decir de víctimas de violencia, en situación de desahucio o lanzamiento, personas sin hogar, otras personas vulnerables y las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, viviendas de titularidad pública adecuadas para ser ocupadas en régimen de alquiler, cesión de uso o cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho (¿comodato, precario…?)

Precisa en su segundo inciso que si no se dispone de este tipo de vivienda, es decir, adecuada a las circunstancias, de titularidad pública o privada cedida para su uso a una administración pública, la ayuda podrá prestarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes.

Y este inciso es el que tanta literatura está generando. ¿Que significa que la ayuda podrá prestarse sobre una vivienda adecuada de titularidad privada? Pues bien, eso no lo responde el Real Decreto, por mucho que los «incondicionales» de la gestión gubernamental hablen de #FakeNews #Manipulacion #Sinosumasrestas y todo ese despliegue de faranduleros…

El ciudadano quiere saber cómo se van a obtener esas viviendas de titularidad privada para que sean cedidas como ayuda habitacional para las personas, y entidades, beneficiarias de este Programa, cuando el órgano competente -nuevamente las Comunidades Autónomos a través de sus órganos competentes en materia de servicios sociales y vivienda-, carezca de un parque de viviendas suficientes.

La norma SI DICE que se pondrá a disposición de las personas, (y entidades, no las olvidemos), beneficiarias viviendas adecuadas como solución habitacional.

Posteriormente HABLA, en el apartado 4º del Artículo 4, de las ayudas económicas para «pagar» las viviendas adjudicadas: se otorgarán ayudas de hasta el 100% de la renta com máximo de 600€/mes, y en casos excepcionales y debidamente justificados hasta 900 €/mes, así como 200 €/mes para gastos de suministros básico.

Pero la norma NO DICE ¿a quienes se le abonarán estas cantidades? Tampoco se expresa con claridad, aunque todo hace suponer que será a las personas -y entidades- beneficiarias. Aunque, quizás, por analogía con el destino de las ayudas para pago de alquileres, es posible que se abonen, en el caso de las rentas, a los titulares de las viviendas que se adjudiquen.

Vamos a intentar ilustrarlo con un ejemplo:

  • Que se adjudica una vivienda de titularidad pública en régimen de cesión de uso, a una víctima de violencia de género, entiendo que se le adjudicará la ayuda de hasta 200 €/mes para suministros básico, pero no la de pago de renta de vivienda. O en todo caso, la ayuda para pago de precio o renta, habría de abonársela a la Administración que «cede» el uso de de esa vivienda.
  • Que lo que se adjudica es una vivienda privada cedida su gestión para alquiler o cesión de uso a un organismo público -como por ejemplo pasa en Palma del Río, que el Ayuntamiento gestiona una bolsa de viviendas privadas puestas a disposición municipal- para que el organismo público gestione su alquiler a personas especialmente vulnerables: en estos casos, supongo que la ayuda de pago del precio o renta se le deberá abonar al propietario de la vivienda, y, en cualquier caso, reconocer la ayuda hasta 200 €/mes para suministros básicos al beneficiario.
  • Que careciéndose de viviendas adecuadas en el parque disponible de la Administración, resulte necesario dotar de solución habitacional a personas vulnerables, el Programa permite aplicar las ayudas sobre viviendas privadas.

Las dudas surgen al no explicarse cómo, ni mediante que mecanismo, se «obtendrán» esas viviendas privadas sobre las que se aplicarán las ayudas.

Es cierto que el Artículo 5 modifica el parque de Viviendas en Alquiler regulado en el RD 106/2018, tocando varios aspectos, y entre ellas el otorgamiento de ayudas y financiación para la adquisición de viviendas destinadas a ampliar el parque de viviendas para alquiler y demás usos de estos programas.

¿A quiénes? A las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, que, de forma individualizada o en bloque, adquieran viviendas con objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso (Artículo 6.1, modificando el art. 25 RD 106/2018)

Estas ayudas para las entidades que adquieran estas viviendas, incluyen el poder obtener subvención adicional de hasta 400 €/metro cuadrado, y el 60% de ese precio para otros anejos.

Y para terminar, una vez obtenida dichas viviendas privadas, y adjudicadas a las personas -o entidades- beneficiarias, se podrá obtener una ayuda de hasta 600 €/mes (900 € en determinados supuestos) que irán destinados a pagar el precio de dicho alquiler.

Pero, ¿quién establece el precio de ese «alquiler» o «cesión de uso» de dicha vivienda?

Pues también está contemplado en la Orden Ministerial, al modificarse el Artículo 29 del RD 106/2018, apartado 5º, cuando se señala que «5. El precio del alquiler o de la cesión en uso de las viviendas públicas y sociales destinadas al alquiler adquiridas con ayudas de este programa habrá de ser limitado. Esta limitación la podrá establecer la Comunidad Autónoma o las Ciudades de Ceuta y de Melilla, siendo en todo caso inferior a 5,5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superficies de elementos comunes. La actualización anual de este precio máximo será determinada por la Comunidad Autónoma o por las Ciudades de Ceuta y de Melilla con la periodicidad que consideren y de conformidad con la normativa estatal y autonómica de aplicación.»

Dicho de otra manera: el precio del alquiler de una vivienda de 70 metros cuadrados útiles, con plaza de aparcamiento, será como máximo de 385 €/mes, y de 40 € la plaza de aparcamiento (hagan los cálculos), lo cual no es mal precio si el mercado del alquiler es Palma del Río.

Por el contrario, si la vivienda radica en Madrid, el precio del alquiler seguiría siendo el mismo: en este caso, ya no es tan buen precio, comparando con el mercado.

En resumen

¿Cómo se procederá por las administraciones para adquirir viviendas para el Parque de Viviendas del que se nutrirán estos programas de ayudas?¿Se acudirá al «mercado inmobiliario» para la elección de viviendas que están puestas en alquiler o venta? ¿Podrá el propietario de la vivienda «seleccionable» negarse al uso público de su propiedad privada? ¿Quién fijará el precio del alquiler? ¿Quién y cuando abonará ese precio a los propietarios?

Estas, entre otras, son las dudas que se generan tras el dictado el pasado sábado 11 de abril de la TMA/336/2020 en el controvertido aspecto de las viviendas, y cuyo encaje se ha pretendido encontrar -como anticipó en su día el Vicepresidente Segundo del Gobierno-, en el apartado primero del art. 128 de la Constitución Española, en relación con el apartado 2º del Artículo 33.

Sin entrar en la irregularidad que supone haber modificado una norma con rango del Real Decreto (RD 107/2018) mediante una norma de inferior categoria (la Orden Ministerial TMA/336/2020), se hace necesario recordar que en aplicación del interés general y de la función social de la propiedad privada, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sin causa justificada, y siempre mediante la correspondiente indemnización.

Y en la aplicación de cualquier medida al respecto habrá de hacerse bajo el paraguas del art. 9.1 y .3 de nuestra Carta Magna, que propugna la irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales, y proscribe la arbitrariedad de los poderes públicos.

¿Demandar al Estado por los daños y perjuicios causados por las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma?

Buenos días, leyendo hoy este artículo de Economist & Jurist, firmado por Alfonso Merino, abogado en RSM SPAIN ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS SLP, me han surgido la idea para el post de hoy: ¿podríamos demandar al Estado por las consecuencias dañosas que, particularmente, nos está suponiendo la adopción de las medidas del Estado de Alarma?

La pregunta no es baladí, ni la respuesta sencilla. Vamos a ello.

No es un secreto que los efectos económicos que la crisis del Coronavirus están teniendo, tanto a nivel nacional como internacional, como puede constatarse de la evolución de los mercados, y más directamente, con la observación directa del día a día de nuestro entorno: locales cerrados, arrendadores que no perciben sus rentas, arrendatarios de locales que siguen teniendo que pagar sus rentas sin producir, mercancias que no pueden venderse, ….

Es cierto que las medidas que se han venido decretado por el Ejecutivo de Crisis desde el inicio del Estado de Alarma, tienen «cabida» dentro de nuestro sistema jurídico, pero ello no supone que, en cuanto actos del Poder Ejecutivo, tales actos estén exentos de control.

Todos los actos de la Administración, y por ende del Ejecutivo nacional, son fiscalizables ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por la remisión del artículo 106.1 de la Constitución España, constituyendo uno de los rasgos esenciales del Estado de Derecho: es lo que se ha venido a llamar  responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración.

En efecto, el artículo 106.2 CE establece el paraguas normativo de protección al ciudadano frente a la actividad de la Administración, al establecer que «los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos».

El desarrollo de esta norma programática se recoge en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, de aplicación a todas las Administraciones Públicas, tanto Estatal, Autonómica como Local.

Así, el artículo 32 de la Ley 40/2015 recoge el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por las lesiones padecidas en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que no se trate de un supuesto de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

El artículo 34 va más allá y dispone que “no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos”. Este matiz es importante, por cuanto el legislador distingue entre daños causados a consecuencia de hechos o circunstancias imprevisiblesirresistibles, y aquellos otros daños que habrían podido evitarse según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción del daño.

Así, a la hora de plantearnos demandar al Estado por las consecuencias económicas dañosas valuables económicamente, que guarden nexo causal directo entre las medidas adoptadas por el Gobierno y el daño sufrido,  la determinación de concurrencia o no de la circunstancia de fuerza mayor durante la crisis del Coronavirus es uno de los elementos que resultará determinante a efectos de establecer la eventual responsabilidad de las Administraciones Públicas y, que tengamos derecho, en cuanto particulares, a ser indemnizados de las lesiones que sufran nuestros bienes y derechos.

comité de crisis

Y para valorar ese concepto de fuerza mayor, conjuntamente habrá de valorarse la «otra» circunstancia: si los daños causados derivan de hechos que habrían podido preverse o evitarse -o, incluso, minimizarse- según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento en que se produjeron. Es el trasunto de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 18 de marzo de 2010 (TJCE 2010/79), “circunstancias ajenas a quien lo invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada” .

parlamento español

Ni que decir tiene que la actuación del Gobierno durante el Estado de Alarma por el COVID-19 será objeto del correspondiente control por el Parlamento (si es que algún día se adopta la decisión de retormar la actividad parlamentaria), pero en esta sede, únicamente se interarán depurar las responsabilidades políticas de su actuación.

El ciudadano particular, habrá de acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a fin de determinar si los daños causados a los particulares como consecuencia de la actuación de las diferentes Administraciones Públicas durante el estado de alarma deben ser indemnizados: es decir, determinar si, en cada caso concreto, concurren los requisitos legalmente establecidos para que pueda exigirse a las Administraciones Públicas que respondan por los daños y lesiones causados a los particulares como consecuencia de su actuación, es decir,

  • si existe un hecho imputable a la administración
  • si se ha producido un daño antijurídico o detrimento patrimonial injustificado
  • si se ha dado una relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido
  • probar la ausencia de fuerza mayor como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito.

A este respecto, es de señalar que esta responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de las medidas adoptadas durante el estado de alarma se encuentra expresamente contemplada en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio que, en el apartado segundo de su artículo 3º, el cual establece que, “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

En resumen, es cierto que la declaración del estado de alarma no exime al Gobierno de la obligación de responder por los perjuicios económicos que puedan causarse a los particulares como consecuencias de las medidas adoptadas, sino todo lo contrario: la Ley establece de manera expresa el derecho de los administrados a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (funcionamiento normal o anormal) y, en concreto, por las lesiones causadas en aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, o de excepción y sitio en su caso.

Y en cualquier caso, habrá que analizar las circunstancias de cada caso concreto para determinar si concurren los requisitos legalmente previstos y analizar cada supuesto de manera individualizada, de tal suerte que cualquier ciudadano que considere que como consecuencia del Estado de Alarma ha sufrido un daño que no tenía el deber de soportar, por causa ajena a él, y directamente relacionado con la declaración y medidas adoptadas en el Estado de Alarma, estará legitimado para interponer la correspondiente demanda por daños y perjuicios al Estado español, para interesar su resarcimiento.

A título de ejemplo, nos encontramos cualquiera de los establecimientos comerciales o de hostelería que, de la noche a la mañana se han visto forzados a cerrar: el daño patrimonial resultante de un lado de las pérdidas directas de las mercancias que tuviese para su venta, y que por el transcurso del tiempo, o por su obsolescencia determinada por su propia naturaleza (ej: ropa de invierno que no se venderá en otras estaciones), genera un daño patrimonial directo, que tiene nexo causal con las medidas adoptadas que ha obligado al cierre.

fernando simón

Y en cuanto a la concurrencia de la ausencia de fuerza mayor, imprevisible, o que hubiera podido preverse con el conocimiento del estado de la ciencia o de la técnica, recordar que la OMS ya estaba advirtiendo desde enero a España, y que en febrero un informe firmado entre otros por Fernando Simón, ya expresaba los riesgos potenciales de la pandemia y recomendaba la adopción de medidas, y aún así se espero hasta despues del 8 de marzo para empezar a adoptar medidas.

En este sentido, no dude en consultar con su abogado de confianza sobre el particular. Están en su derecho.

Si lo desea, rellene el siguiente formulario, y nos pondremos en contacto con Vd. y le daremos una valoración inicial de su caso, sin compromiso

¿Divorcio ante el Notario? Cómo hacerlo

Como anticipábamos en nuestra entrada «7 cosas que un abogado puede hacer por ti en cuarentena…», la esperada, aunque controvertida, Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, trajo muchas novedades procesales y legislativas, y entre ella reguló la posibilidad de que la separación o el divorcio, cuando era de mutuo acuerdo, pudiera instarse ante el Letrado de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios Judiciales) o bien ante Notario, funciones que hasta ahora, y para este supuesto, correspondían al Juez.

Como apuntábamos en dicha entrada, no todos las crisis matrimoniales tiene cabida en estas modalidades «abreviadas», sino que el supuesto ha de reunir una serie de requisitos que vamos a ver a continuación.

En este post no nos referiremos al Divorcio ante Letrado de la Administración de Justicia, por cuanto el mismo ha de iniciarse mediante demanda o solicitud que habrá de presentarse con Abogado y Procurador ante el Juzgado competente al domicilio, y dado que en la situación de actual pandemia este tipo de procesos están paralizados por la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 463/2020, de 14 de marzo.

Sólo nos vamos a referir al divorcio ante notario, aunque los requisitos son los mismos que la tramitación del divorcio de mutuo acuerdo ante el Letrado de la Administración de Justicia, dado que ambos supuestos se encuentran recogidos en el Artículo 82.1 del Código Civil, en la redacción dada por la Disposición Final 1ª del la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

El mayor aliciente para optar por esta forma de extinción de la relación marital es su rapidez y su menor costo: una vez que los todavía cónyuges acuerdan los términos en los que se ha de confeccionar el convenio regulador en 24/48 horas puede estar terminado.

Manuel J. Gamero, abogado en MJ Abogados-Palma del Río

Requisitos para poder tramitar el divorcio ante notario

Antes de nada hemos de precisar que las relaciones matrimoniales pueden «extinguirse» o «suspenderse». Es la principal diferencia entre el divorcio y la separación. En ésta última, el vínculo matrimonial no se ha disuelto: los cónyuges siguen casados, aunque no tiene obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y cuidarse y socorrerse mutuamente.

Por el contrario, en el divorcio, el vínculo matrimonial se rompe: ya no están casados, y quedan liberados de, si lo desean, volver a contraer matrimonio con otra persona.

Portrait Of A Sad Couple Sitting On Chair Holding Red Broken Heart

Aclarado lo anterior, vamos a ver cuales son los requisitos que han de darse para poder tramitar la modalidad de divorcio (o en su caso la separación) notarial, y que vienen recogidos en el art. 82 del Código Civil, por la remisión que hace el art. 87 del mismo texto legal:

  • Tiene que haber pasado al menos tres meses desde la celebración del matrimonio.
  • Ha de existir mutuo acuerdo de los cónyuges para disolver el matrimonio.
  • La escritura notarial deberá contener la voluntad inequívoca de los cónyuges de divorciarse y habrán de expresarse las medidas que hayan de regular los efectos derivados del divorcio (Convenio Regulador).
  • NO han de existir hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de los progenitores. En caso contrario, el conocimiento y tramitación del procedimiento de divorcio, aun cuando sea de mutuo acuerdo entre los cónyuges, está reservado al órgano judicial y habrá de ser autorizado por un Juez y con la intervención del Ministerio Fiscal.
  • Si el matrimonio tiene hijos mayores o menores emancipados, estos  deberán prestar su consentimiento ante el Notario respecto de las medidas que les afecten cuando carezcan de ingresos propios y convivivan en el domicilio familiar.
  • Los cónyuges deberán comparecer personalmente ante Notario, no es posible actuar por representación.
  • Es necesaria la asistencia de un Abogado, quien asesorará a la pareja y firmará también la escritura de divorcio.
  • La escritura habrá de otorgarse ante el Notario del último domicilio común, o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes (artículo 54 Ley del Notariado). Dentro de la localidad podrán elegir el Notario que deseen.

Documentos a presentar para la Escritura de Divorcio

  1. Documento Nacional de Identidad de los cónyuges y de aquellos hijos mayores de edad o menores emancipados que firmaran la escritura ante Notario, según lo expresado más arriba.
  2. Libro de familia para acreditar que los cónyuges no tienen hijos menores de edad.
  3. Certificado de inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
  4. Certificado de nacimiento de los hijos mayores de edad si los hubiera y de matrimonio, en caso de estar éstos casados.
  5. Certificado de empadronamiento de los cónyuges.
  6. DNIdocumentación acreditativa del abogado como colegiado ejerciente.
  7. Convenio Regulador previamente acordado y redactado por el abogado contratado.

Contenido del convenio regulador

El convenio regulador el el documento que contiene, de un lado, la voluntad inequívoca de los cónyuges de dar por disuelto (o suspendido) su vínculo matrimonial, y deberá contener los acuerdos alcanzados que regulen los efectos derivados del matrimonio. Estos acuerdos han de ser:

  • La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
  • La contribución a las cargas del matrimonio (gastos comunes) así como sus bases de actualización y garantías en su caso.
  • La liquidación del régimen económico del matrimonio, si procede. Puede hacerse en escritura posterior, o en caso de desacuerdo, mediante el proceso judicial de liquidación judicial de patrimonios.
  • Pensión compensatoria a favor del cónyuge cuya situación económica empeore como consecuencia del divorcio.

Control notarial de los acuerdos de los cónyuges

En el supuesto de que el Notario considere que, a su juicio, algunos de los acuerdos alcanzados por los cónyuges pueden ser dañosos o gravemente perjudiciales para uno de ellos, o, en su caso, para los hijos mayores de edad o menores emancipados, hará la advertencia correspondiente y dará por terminado el expediente, si otorgar la escritura de divorcio.

En este caso, los cónyuges solo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador (Artículo 90.2 Código Civil), mediante el procedimiento correspondiente para ello.

Trámites posteriores una vez firmada la escritura de divorcio

  1. Inscripción del divorcio en el Registro Civil: El Notario autorizante deberá remitir en el mismo día o al siguiente hábil y por medios electrónicos una copia de la escritura de divorcio a la Oficina General del Registro Civil, que practicará de forma inmediata la correspondiente inscripción (artículo 61 de la Ley de Registro Civil).
  2. Liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: El convenio regulador es un documento sujeto (o exento si la distribución de bienes es igualitaria) al ITPyAJD y deberá liquidarse en el plazo de 30 días hábiles desde el otorgamiento de la escritura de divorcio. En caso de que la liquidación de gananciales se realice en documento aparte, este se presentará Exento.
  3. Inscripción de la adjudicación de bienes en el Registro de la Propiedad o Registro correspondiente: Los bienes atribuidos a cada uno de los cónyuges, verificándose la liquidación de bienes, se inscribirán a nombre de quién corresponda, en el Registro de la Propiedad correspondiente o Registro de que se trate según la naturaleza de los bienes adjudicados.

Como hemos visto, incluso en esta época de confinamiento es posible, si se da dicha situación, poder disolver tu matrimonio, siempre y cuando se reúnan los requisitos expresados más arriba.

Si al leer este post, te han surgido dudas, o quieres mayor información sobre el trámite, o en su caso plantearnos tu caso, rellena el formulario, y te contactaremos a la mayor brevedad.

7 cosas que un abogado puede hacer por ti en cuarentena…

… y te sorprenderá cual es la 6ª

Buenos días. Volvemos hoy con una nueva entrada después de unos días sin publicaciones nuevas, y no porque no haya habido noticias relevantes jurídicamente, que las ha habido, sino porque, aunque los juzgados no estén funcionando completamente, ni se estén presentando ni admitiendo demandas, los abogados seguimos trabajando.

Y sí, seguimos trabajando porque somos un elemento esencial de la administración de justicia, somos el último bastión de defensa del ciudadano ante cualquier tipo de incidencia, problema, agresión o indolencia por parte de los Servicios Públicos, o de otros ciudadanos; si, porque aunque ahora estemos vivienda un resurgir de la solidaridad, la buena vecindad, y el espíritu humano… los malos no hacen cuarentena,

Lo dicho, los abogados seguimos trabajando, y bastante más de lo que inicialmente pensábamos, aunque ahora mismo nuestro trabajo no sea tan lucido, y por qué no decirlo, no tan rentable económicamente como nuestra actividad habitual.

No podemos presentar cláusulas suelos, ni liquidaciones de gananciales, ni desahucios, ni reclamaciones de cantidad… por si hay otras muchas cosas que podemos hacer, que de hecho estamos haciendo, y que quizás en la soledad de tu casa, te asaltan dudas o quieres hacer un trámite y no sabes cómo. Acude a tu abogado de confianza.

He recopilado 7 asuntos que estando en cuarentena no sabes como poder resolver, y en los que puedes tu abogado de confianza te puede ayudar, y hacer que al menos, tu estancia en casa sea más tranquila y sin sobresaltos.

1. Aclarar dudas sobre lo que escuchas en la prensa.

Desde que empezó el Coronavirus, cada pocos días han venido saliendo miembros de nuestro gobierno informando sobre diversas medidas que se estaban adoptando para paliar los complicados efectos del Coronavirus: los ERTE, el tema de los alquileres, moratoria hipotecaria, medidas para autónomos y empresas….

En todos estos casos, al principio el mensaje del político te entusiasmaba porque parecía que se empezaba a cuidar al ciudadano, y que no había que preocuparse.

El problema era cuando terminaba el «mitín» y te encontrabas con la realidad: ¿Cómo hago para poder usar esas medidas? ¿Cómo puedo hacer un ERTE? ¿Cobraré el desempleo si no he cotizado lo suficiente? ¿Que tengo que hacer para pedir la moratoria hipotecaria?

Estas y otras preguntas, al final hace que tengas la sensación de que, ¡vale, todas esas medidas muy bonitas! Pero.. como se hace.

Tu abogado de confianza puede ayudarte a resolverlas: te explicará en que consisten esas medidas; te asesorará sobre si las mismas son aplicables a tu caso; te ayudará con los trámites, poniendo a tu disposición los medios técnicos que permitan hacerlos telemáticamente… En resumen, te permitirá conocer la realidad de las medidas adoptadas, una vez se apagan los focos del «anuncio político».

2. Trámites electrónicos con la administración.

Como correlato de la anterior, un despacho de abogados 2.0 cuenta con los medios tecnológicos necesarios para poder utilizar en toda su amplitud la Administración Electrónica.

En estas fechas en que la práctica totalidad de la Administración Pública está cerrada a la atención presencial, mientras que por el contrario se ha incrementado la cantidad de trámites y solicitudes derivadas del gran número de medidas que se han adoptado, se hace imprescindible actuar ante la Administración mediante Sedes Electrónicas.

Es cierto que los «millenials» están muy acostumbrado a hacerlo prácticamente todo desde su móvil o dispositivo de comunicaciones; pero no olvidemos que en España haya casi 48 millones de personas, y casi un quinto son personas mayores de 65 años, y este colectivo no está tan habituado a estos sistemas.

Además para actuar ante la Administración electrónicamente es necesario disponer de una serie de medios técnicos -lectores de tarjetas inteligentes, certificados digitales, sistemas de firma electrónica…- que no todo el mundo tiene o puede utilizar.

En tu despacho de Abogados de confianza a día de hoy dispone de esos medios técnicos para actuar ante la Administración. Además su personal, y especialmente los abogados, estamos formados para actuar ante ellos. Normalmente todos somos «colaboradores sociales» para actuar ante la administración tributaria, estatal y autonómica, así como en la mayoría de los casos, estamos autorizados ante el Sistema RED de la Seguridad Social.

Solicita el ERTE de tu empresa; gestionar On Line tu solicitud de desempleo obteniendo el reconocimiento sobre la marcha; presentar tus aplazamientos de deudas de Seguridad Social o Tributarias… entre otros muchos trámites, son otra de esas cosas que ahora en Cuarentena puedes encargar a tu abogado.

3. Alquileres e hipotecas

Mucho se viene hablando estos días sobre las medidas para las familias, especialmente en lo relativo al pago de las hipotecas y préstamos de consumo, así como en materia de alquileres.

A la confusa, y a la par sensacionalista, información que el gobierno viene suministrado, a través de los medios oficialistas de información, de las medidas que se han adoptado para la protección de familias y trabajadores, a día de hoy son múltiples las consultas que nos hacéis en estas dos materias:

  • Tengo un hijo estudiando fuera, viviendo en un piso de alquiler. Al suspenderse las clases, ¿puedo terminar el contrato?
  • ¿Tengo que seguir pagando la renta del alquiler por el Coronavirus?
  • Mi empresa ha cerrado, y trabajo en un local en alquiler ¿puedo dejar de pagar la renta?
  • Me han hecho un ERTE y mis ingresos han disminuido, ¿puedo solicitar la moratoria hipotecaria?
  • La moratoria hipotecaria ¿es que me condonan los recibos de hipoteca mientras esté el Estado de Alarma?
  • Si solicito la moratoria, dejo de pagar el recibo de hipoteca, y al final me deniegan la moratoria ¿me van a cobrar intereses, y demoras por los recibos no abonados?
  • Mi arrendador me ha dicho que como no le pague la renta me va a desahuciar, ¿puede hacerlo?

A estas y otras preguntas puede responderte tu abogado. Además te ayudará en todos los trámites frente a los Bancos y Arrendadores, en los casos en que resulte procedente solicitar las ayudas o medidas sociales aplicadas.

No te olvides, consulta con tu abogado. Consúltanos.

4. Declaración del IRPF 2019

Otro año más, llegando el día 1 de abril de abre el período de presentación de autoliquidación del IRPF. Cómo sabéis, hasta el próximo 30 de junio tenemos de plazo para presentar la Declaración Anual, -hasta el 25 de Junio si es a pagar y quieres domiciliar la misma-.

Además este año, el gobierno anunció que las declaraciones «sencillas», es decir, aquellas en las que los ingresos declarables están sujetos a retención (sueldos, pensiones, retribuciones económicas de un sólo pagador…) y por consiguiente la comprobación de la autoliquidación es «casi» automática, y tengan derecho a devolución, serán abonadas en plazos muy breves. Así, muchos contribuyentes que presentaron telemáticamente su declaración el dia 1 de abril, ya han cobrado su devolución.

Para ello ponte en contacto con tu abogado de confianza, y suminístrale los datos esenciales para comenzar el trámite:

  • Si eres usuario Cl@ve, tu DNI y contraseña; y ten el móvil a mano para remitirle el PIN.
  • Si tienes certificado digital, o DNIe, es mucho más sencillo.
  • En caso de no tener nada de lo anterior, facilita a tu abogado una fotocopia del DNI o del NIE por las dos caras, el importe de la casilla 505 de la Declaración IRPF 2018 (si la presentaste), o en su defecto, un número de cuenta bancaria de la que seas titular.

A partir de ahí, comenzará el trámite que podrás hacer con tu abogado, tranquilamente desde tu casa, mediante mensajes de WhatsApp, Facetime, Skype o con la llamada telefónica de toda la vida.

En nuestro despacho ponemos a tu disposición este y otros servicios. Consúltanos sin compromiso.

5. Haz tu testamento

Hace unos días hicimos una entrada en la que analizábamos en profundidad los tipos de testamentos que se pueden hacer, sus requisitos y trámites. Te recomiendo que le eches un vistazo a esa entrada anterior.

Pues bien, si ocurre que ahora que estás en casa, y empiezas a plantearte cosas, cuando ves a tu pareja, o a tus hijos en el salón y piensas en que «bueno, todo esta controlado, pero… ¿y si me pasará algo?»

Es cierto el refrán de que «Sólo nos acordamos de Santa Barbara cuando truena», pero dado que un testamento lo puedes cambiar cada vez que quieras, y que, en realidad es más sencillo de lo que parece, ¿por qué no dejarlo hecho, y así quitar problemas a tu familia, si pasara algo?

En ese post decíamos que había varios tipos de testamento, y que, en todos los casos, en un momento u otro tenemos que pasar por un Notario para protocolizarlo (hacerlo válido)

Pero es cierto que para «redactarlo» no es indispensable un Notario. Tu abogado de confianza puede asesorarte de la mejor forma posible para dejar claramente establecida cual es tu voluntad, y como quieres repartir tu herencia.

Tu abogado podrá decirte que cláusulas habrás de incluir, y en el caso de que te decantes por un testamento ológrafo (el manuscrito por tí mismo) te puede facilitar el Borrador sobre el que tú escribirás el tuyo propio.

Además, puede confeccionarte tu Testamento Cerrado, aquél que escrito por ti o por otra persona, y firmado en todas sus hojas, meterás en sobre cerrado y lo entregarás a tu Notario para su custodia.

O en caso de querer hacer el testamento abierto habitual, te asesorará en las dudas que se te planteen a la hora de repartir tu herencia, y te pondrá en contacto con la Notaría de tu confianza para su protocolización.

6. Divorciarte sin ir al Juzgado.

El confinamiento va a suponer una notable exigencia para la convivencia entre los ciudadanos, y en particular va a someter a una dura prueba a parejas y matrimonios que, acostumbrado al trajín del mundo actual, y a apenas pasar una pocas horas al día juntos, de la noche a la mañana se ven «obligados» a estar 24 horas seguidas compartiéndolo todo. Y lo más duro, en menos de 70 metros cuadrados en la mayoría de los casos, sin poder salir, ni estar con otras personas.

Parejas que ya estaban en crisis antes del Coronavirus, es posible que esta «convivencia forzosa» suponga un revulsivo, para bien o para mal, que desencadene en la necesidad de un cambio de paradigma. También, en otros casos, supondrá esa oportunidad que les faltaba de pasar tiempo juntos para darse cuenta de que los problemas que los distanciaban eran relativos, y sobre todo ajenos.

En cualquier caso, los abogados sabemos por propia experiencia que las situaciones de «convivencia forzada», suele desembocar en un aumento de la conflictividad familiar, y en su consecuencia: la separación o el divorcio.

Pues bien, de sobra es sabido que ahora mismo los Juzgados están bajo mínimos, y que no se están incoando asuntos que no responda a parámetros de urgencia o alarma social (violencia de género, delitos graves, incumplimientos de medidas del Estado de Alarma…)

Las separaciones y divorcios de matrimonios con hijos, o la adopción de medidas paternofiliales en relación a hijos menores de parejas no casadas que se rompen, no se están tramitando ahora mismo, por lo que en esos temas tendrán que esperar al paulatino levantamiento del Estado de Alarma que parece verse ya en el horizonte.

¿Pero que ocurre con esos matrimonios sin hijos menores que ya estaban en crisis antes del Estado de Alarma, o lo más frecuente, esos matrimonios sin hijos menores que tras 20 días de confinamiento han empezado a ver que lo suyo no funciona, y que no quiere seguir en esa situación?

Pues tengo una buena noticia: hay una solución, rápida, fácil, inmediata y económicamente razonable: el Divorcio Notarial.

Entre las novedades que trajo la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se introdujo la posibilidad de poder tramitar ciertos el divorcio ante una oficina notarial, como alternativa al que se realiza en el Juzgado ante el Letrado de la Administración de Justicia.

Eso sí, sólo será posible cuando el Divorcio sea de Mutuo Acuerdo y no existan hijos menores, respecto a los que haya de adoptarse medidas que les afecten.

Al igual que en los divorcios «normales», es preceptiva la asistencia de un abogado que interviene en el otorgamiento notarial, habrá de confeccionarse un Convenio Regulador, que recoja las medidas que regirán las relaciones entre los cónyuges que se separan, y habrá que realizar unos trámites posteriores para que el Divorcio entre los cónyuges surta plenos efectos.

En este post os cuento más extensamente sobre este Divorcio Notarial, e incluyo un formulario sobre si queréis consultarnos al respecto.

7. Contratos y reclamaciones

A pesar de que el confinamiento ha supuesto una ralentización de la actividad económica, y del país en general, ello no supone que todo se haya detenido.

Seguimos queriendo alquilar viviendas o locales, incluso para nuevas actividades que surgen al hilo de las nuevas necesidades que han surgido por el Coronavirus.

Esa oportunidad de compraventa de un local, finca o vivienda; el arrendamiento de ese apartamento para cuando nos podamos ir de vacaciones, ese coche usado que has visto en internet y que quieres adquirir ahora que están más baratos… Para todo estas operaciones, tu abogado de confianza te asesorará sobre los trámites a seguir, y te confeccionará los contratos y documentos que aseguren el buen fin de esas operaciones. Y todo ello sin tener que salir de casa.

Por otro lado, la paralización de algunos sectores económicos ha supuesto la frustración de determinados contratos que, formalizados anticipadamente en el tiempo, se han visto frustrados en su cumplimiento por las consecuencias de la pandemia.

Cancelaciones de viajes concertados, anulaciones hoteleras, locales y servicios de catering para bodas, bautizos o comuniones, bandas musicales en semana santa, pedidos de velas y cirios para procesiones, encargos florales, reportajes fotográficos… todo estos contratos no se pueden cumplir ¿qué podemos hacer ante esto?

Para evitar situaciones que impliquen pérdidas de derechos, o abusos, tu abogado de confianza te va a prestar una inestimable ayuda, asesorándote en estas materias.

Podrá gestionar con tu proveedor de servicios una anulación del contrato, con el mínimo impacto económico para ambas partes. Velará por la transparencia de las propuestas que recibas para solucionar estos temas. En su caso, interpondrá las quejas o reclamaciones que procedan para la defensa de tus derechos… en definitiva, tu abogado será quién cuidará de que durante la cuarentena sólo tengas que preocuparte de estar en casa y esperar.

¡Consúltanos!

Si tienes cualquier duda, o precisas alguno de nuestros servicios, no dudes en contactar con nosotros, bien telefónica o telemáticamente a través de los medios que te indicamos aquí, o bien rellena el formulario que insertamos a continuación, y nos pondremos en contacto contigo en menos de 24 horas. Sin compromiso. Sin esperas. Sin desplazamientos.

Coronavirus: Las nuevas medidas sociales complementarias (II)

Viviendas: Alquileres e hipotecas (I)

Como indicábamos en nuestro post anterior, el programa estrella de este nuevo paquete de medidas tienen que ver con la protección del derecho a la vivienda, y son un conjunto de medidas dirigida a proteger a las familias en situación más vulnerable, respecto a las consecuencias que la falta de liquidez puede suponer en orden a hacer frente a las deudas derivadas o relativas a la vivienda, alquileres e hipotecas, así como a los préstamos al consumo y suministros.

Alquileres

En cuanto a los alquileres varias son las medidas relativas a éstos, siempre, no olvidemos, argumentando la protección desde el punto de vista del inquilino.

Por supuesto se adoptan unas medidas en relación a los propietarios, entre los que hay que distinguir, como ya se venía anunciando, entre los propietarios para los que percibir la renta de sus viviendas es su medio de sustento, y por tanto la no percepción de las mismas supondrían incluirlos en situación de especial vulnerabilidad. Por otro lado están los grandes propietarios, considerando como tales los que disponen de más de un determinado número de inmuebles.

Suspensión de desahucios por seis meses

Pero vayamos por partes: los inquilinos. La primera medida adoptada es «que nadie se quede sin casa». Por tal motivo, el Art. 1 del RDLey 11/2020 establece la suspensión de todos los lanzamientos a partir de que se alce la suspensión de términos y plazos procesales tras el levantamiento del estado de Alarma.

!Ojo, esta medida es muy importante! Significa que TODOS LOS PROCEDIMIENTOS de desahucio en vigor ANTES DE LA CRISIS del Coronavirus, y CUALQUIERA QUE FUERA SU CAUSA, quedarán suspendidos, incluyen en esta suspensión no sólo los lanzamientos sino las vistas (judiciales) de oposición que estuvieran pendientes de celebración.

Y el «remate» es el último inciso del apartado 1 del Artículo 1: «…hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley»

Por supuesto, habrá que acreditarse el ESTADO DE ESPECIAL VULNERABILIDAD recogido en el art. 5 del referido RDLey, y serán los Letrados de la Administración de Justicia quienes, previa solicitud a los que se aportarán los documentos recogidos en el artículo 6 del RDLey 11/2020 resolverán sobre la suspensión.

Prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler

La segunda medida (Artículo 2) el la prórroga extraordinaria por seis meses de todos los contratos de arrendamiento que finalicen entre el día de hoy y los dos meses posteriores al levantamiento del estado de alarma.

Para ello el arrendatario deberá solicitarlo por escrito al arrendador que según el tenor del texto legal «deberá ser aceptada por el arrendador», salvo que se adopten por acuerdo entre las partes otros términos o condiciones.

Duda: «deberá ser aceptada» significa que el arrendador tendrá que aceptar la prórroga, o que, el arrendatario no puede imponerla sin más, precisando el consentimiento del propietario…

Moratoria de deuda de alquiler, en situación de especial vulnerabilidad y documentos que lo acrediten

Los artículos 3 a 9 del RDLey 11/2020 regulan la moratoria por la deudas derivadas del alquiler de viviendas por personas o familias en situación de especial vulnerabilidad.

En síntesis es la posibilidad de solicitar el inquilino, dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del RD, un «aplazamiento temporal y extraordinario» de la renta al propietarios, el cual dentro de los 7 días siguientes deberá contestar eligiendo una de las siguientes posibilidades:

  • Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
  • Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma, y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. La renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia a la finalización de dicho plazo, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y debiendo abonarse dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Estas medidas serán obligatorias para los propietarios que dispongan de más de 10 viviendas (no se incluyen locales, ni garajes) o la superficie de los que dispongan sea superior a 1.500 m2

Esta medida del aplazamiento NO AFECTA a los pequeños arrendadores, personas físicas, con número de inmuebles inferiores a los indicados.

¿Que se considera especial vulnerabilidad?

Se considera en situación de vulnerabilidad económica, a fin de poder obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos (a+b):

a) Que el inquilino/deudor arrendaticio pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, lo siguientes límites:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM), que actualmente está en 537,84 €. Por tanto, el límite es que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar sea inferior a 1.613,52 €.

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. (P.ej., una familia con dos hijos, el límite será 3,2 * IPREM=1.721,09 €)

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado (i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

3. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

En resumen, que para poder acogerse a estas medidas tiene que suceder los siguiente: el inquilino ha de estar en desempleo, ERTE o reducción de jornada provocado por la crisis del coronavirus; el propietario de la vivienda tiene que ser una empresa que, al menos disponga de más de 10 vivienda; el inquilino junto a las personas con las que conviva no tenga ingresos superiores a 1.613 €, incrementándose esta cifra en función de las circunstancias personales de los que conviven; y además que el inquilino no sea a su vez propietario o usufructuario de una vivienda en España.

Por tanto, si eres un trabajador desplazado, que ocupas una vivienda en alquiler, por razón de trabajo, pero eres propietario de una vivienda en otro lugar, no tienes derecho a estas medidas, aunque cumplas el resto de requisitos.

Si tu arrendador es una persona física, que sólo tiene esta vivienda en alquiler, además de la suya propia, no tienes derecho a estas medidas, aunque estés en situación de vulnerabilidad.

Aunque reúnas los requisitos generales, no superes los límites del IPREM (vives sólo, y ganas exactamente 1.613 €), es tu arrendador una empresa, si la suma del importe del alquiler (p.ej. 300 €), más el recibo de luz (100 €), agua corriente (25 €), tfno./internet (45 €), gas (15 €), recibo de comunidad (12 €), es inferior al 35 % de los ingresos netos (según el ejemplo, para 1.613 €, el límite es 564 €) no tendrías derecho a las ayudas.

¿Cómo acreditar la especial vulnerabilidad?

La situación de especial vulnerabilidad se acreditará por la persona arrendataria ante la persona arrendadora mediante la presentación de los siguientes documentos:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

2. Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letra a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

Ayudas de financiación para el pago del alquiler

Además de lo expuesto, y para la personas que se encuadren en los supuesto de vulnerabilidad recogidos en el artículo 5 del RDLey 11/2020, se abre una línea de avales del Estado frente a entidades de Crédito, para financiar la devolución de las cantidades que serían objeto de aplazamiento o moratorias, por un importe máximo de hasta seis mensualiades de renta, y un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Dicho de otra manera: da a los bancos la posibilidad de hacer negocio, mediante micropréstamos para paliar las cantidades a devolver, de manera que se entienda el inquilino con el Banco, y no con el acreedor.

Además se crea un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual».

Este alcanzará hasta el 100% de la renta, con un máximo de 900 €/mes, siendo competencia para su estudio y adjudicación las Comunidades Autónomas, mediante sus órganos competentes en Servicios Sociales.

Dada la longitud de este post, las medidas relativas a las Hipotecas y Préstamo al Consumo no hipotecarios las haremos en el siguiente post.

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